La reunión se ha celebrado en el Congreso, en la sala Mariana Pineda, donde suele reunirse la Junta de Portavoces. Durante una hora, los representantes de las organizaciones de la MERP le han expuesto a la presidenta del Pacto de Toledo la propuesta de celebrar un debate en el Congreso en torno al blindaje constitucional de las pensiones, en el que participen los portavoces de la comisión y representantes de las organizaciones de la plataforma. 

Mercè Perea ha respondido muy positivamente a la propuesta de la MERP, que trasladará a los portavoces de la comisión. Por su parte, representantes de la plataforma han explicado que van a reunirse con los distintos grupos del Congreso para hacerles llegar la propuesta de este debate que quieren organizar en colaboración con la institución. 

Miembros de la portavocía de la plataforma han explicado a la presidenta del Pacto de Toledo ‘la importancia del 2024 para la defensa de las pensiones públicas, porque en el 2025 la reforma será revisada por Bruselas’. A continuación, le han expuesto la campaña que está llevando adelante la MERP, ‘Somos 47 millones’, en referencia a los pensionistas del presente y del futuro, y ‘a la necesidad de unirnos para blindar las pensiones en la Constitución’. En la actualidad la campaña se está llevando adelante por parte de las plataformas autonómicas de la MERP en todas las autonomías, recogiendo firmas en las universidades, ‘que es donde están los pensionistas del futuro’. 

Con el debate, la MERP pretende contribuir a la ‘unidad de los diferentes en un objetivos común, aportando estabilidad, consenso, diálogo, y confianza en el futuro, porque las pensiones públicas son todo eso’, y han insistido en que pretenden llevar al Pacto de Toledo el debate sobre lo que consideran que debe ser ‘la segunda gran reforma social de la Constitución’ – en referencia a que la primera ha sido la del artículo 49 promovida por el CERMI -. ‘Nos hemos unido para defender una reforma de la Constitución que prohíba la privatización y la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones públicas, otorgándoles el rango de un derecho fundamental’. 

Como es tradición en las reuniones de la MERP, tal y como han explicado al principio, los representantes de las distintas organizaciones se han presentado, “uno a uno”, como expresión de pluralidad y respeto a todas las organizaciones que forman parte de la plataforma. 

            Estas jornadas se están celebrando en las diferencias islas y, tanto las celebradas ya en el Hospital Comarcal de Inca y en Ibiza como las que se están celebrando en el día de hoy, han sido un éxito de convocatoria. En fechas próximas se celebrarán en el día 29 en el Hospital Mateu Orfila de Menorca y el 4 de marzo en el Hospital Son Llàtzer Palma.

            El objetivo prioritario de estas jornadas formativas es el de dar a conocer el rol de los diferentes miembros del equipo multidisciplinar en la atención y cuidado del paciente en distintos niveles y servicios de atención y para ello los comités científicos han articulado cada uno de los programas en los que se ha primado que los profesionales puedan compartir sus experiencias profesionales en cada uno de los temas que se han planteado.
            En este sentido se plantea la necesidad de saber escuchar al paciente, empatizar con él y humanizar los cuidados como aspectos fundamentales en la atención sanitaria, por ello hemos querido no sólo destacar la importancia de nuestro trabajo desde el punto de vista asistencial, sino poner también el foco en los cuidados invisibles, que dotan de calidad y calidez la atención al paciente.

Este encuentro se desarrolla tras la presentación por parte de este grupo parlamentario de una Proposición de Ley para que se modifique la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley de Función Pública, por el que este reconocimiento se frenó para los profesionales estatutarios. 
Ahora, Por Andalucía pide en esta Proposición que se reconozca la clasificación a todos los profesionales y que se fijen “los efectos legales y económicos desde el 1 de enero de 2025, lo que permite una correcta previsión presupuestaria y las oportunas adecuaciones para hacerla plenamente efectiva desde esa fecha”.
A pesar de que la Consejera de Sanidad, Catalina García, ha manifestado su apoyo a esta clasificación y, aunque el anteproyecto de Ley de Función Pública también la recogía, la Ley, finalmente, sólo se la reconoce a los profesionales de Función Pública. De esta manera, la reivindicación de SAE ha quedado suspendida, generando una alarmante discriminación entre los profesionales estatutarios y funcionarios, que realizan el mismo trabajo y a quienes se les ha exigido el mismo nivel de titulación.
“La presentación de esta Proposición de Ley de Por Andalucía se suma a los avales recibidos por diferentes grupos parlamentarios. Ahora esperamos que esta red de apoyos sea lo suficientemente fuerte para modificar la Ley de Función Pública Andaluza y acabar con el agravio comparativo entre profesionales”, explica Cristóbal Arjona, secretario autonómico de SAE en Andalucía.

“El ninguneo y desprecio sistemático al que se somete a los Técnicos Sanitarios es indignante, por ello, desde SAE continuaremos luchando, en la calle y en los despachos, para conseguir un sistema sanitario acorde a las necesidades del s. XXI, que pasan por tener recursos materiales y humanos suficientes y por reconocer los derechos laborales y retributivos de los profesionales sanitarios. Por ello, esperamos que las presiones ejercidas y las buenas intenciones, finalmente redunden en nuestra justa reclasificación profesional. Por nuestra parte, el próximo día 1 de marzo volveremos a salir a la calle con concentraciones en todos los centros sanitarios de Andalucía a partir de las 10:30 horas”, explica Rosario Bonilla, secretaria de acción sindical de SAE en Andalucía.
 

            Las de hoy han estado inauguradas por M.ª Dolores Martínez Márquez, presidenta de FAE, y en su discurso de apertura ha puesto “en valor al colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería ante las amenazas y presiones que han recibido por parte diferentes direcciones de enfermería y gerencias, alentados por ciertas organizaciones sindicales, para que pusiéramos la A de TCAE en los programas entregados si se quería celebrar estos encuentros en sus hospitales”.

            M.ª Dolores Martínez ha recordado que “el empleo de las siglas TCE responde a una reivindicación por la que llevamos años trabajando, pues, como ya ocurre con otros colectivos -Técnico en Laboratorio o Técnico en Farmacia, por ejemplo-, nosotros debemos denominarnos Técnicos en Cuidados de Enfermería, ya que tenemos la formación específica, que no tiene el personal auxiliar, y la experiencia profesional para que nuestra nomenclatura sea esta. Asimismo, desde esta organización insistimos recurrentemente a la Administración para que lleve a cabo esta modificación, pues igual que los TCE hemos sabido adaptarnos a las demandas sociales y a los cambios experimentados por el sistema sanitario, la Administración debe adaptar nuestra denominación a la realidad actual de nuestro colectivo. No puede ser otros los que marquen nuestro camino, pues, del mismo modo que las enfermeras dejaron de ser ATS, los TCE también tenemos derecho a evolucionar”.

            Además, ha insistido “en el papel que estos profesionales tienen en todas las etapas vitales, siendo la infantil y la juvenil especialmente relevantes, pues de una buena salud física, pero sobre todo, mental depende el desarrollo de la persona. Por ello, es importante que los Técnicos en Cuidados de Enfermería tengamos las herramientas necesarias para poder ser eficaces y proactivos en la atención durante estas edades, cuando ciertos comportamientos y carencias afectivas marcan el crecimiento de los menores”.

Ante esta situación USAE interpuso una denuncia ante la Inspección de trabajo y seguridad social de la Ciudad Autónoma de Melilla y tras acudir al centro se ha hecho llegar a esta organización los requerimientos que, con carácter inmediato y cumplimiento continuo, se deben realizar en el citado centro.

Todo ellos dirigidos a adoptar las medidas necesarias para dotar tanto a los residentes como a los trabajadores del Centro de Mayores de un lugar de trabajo en condiciones que garantice su seguridad y salud. A tal efecto, la temperatura de los locales no debe superar los umbrales legalmente establecidos por la normativa en vigor.

Para conseguir este objetivo se propone la realización de medidas concretas y comprobar periódicamente la eficiencia de los sistemas establecidos.

M.ª José Martín delegada de USAE en el centro, manifiesta su satisfacción por el resultado de la demanda interpuesta aunque lamenta tener que acudir a estos mecanismos cuando se había comunicado a la dirección y no se pusieron las medidas para solventar estos hechos.