Ante esta situación, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) mantuvo ayer una reunión con el Director General de Recursos Humanos y Transformación del SESCAM, Íñigo Cortázar Neira, en relación con el calendario previsto para estos procesos dado el enorme interés de los profesionales del SESCAM en los mismos.

Así se comunica que en las próximas semanas se incorporarán a sus puestos quienes aprobaron la OPE 2017-2018 lo que permitirá a los aspirantes estabilizar su plaza o incorporarse al SESCAM.

En relación con los traslados externos, se enfatizó el compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para llevar a cabo los traslados externos en el mes de mayo. Se destacó que, dadas las fechas previstas, se dará prioridad a la personalización de estos traslados, permitiendo a los afectados elegir la medida que mejor se adapte a sus necesidades profesionales y personales.

Asimismo, se informó que las oposiciones por concurso de méritos del SESCAM tendrán lugar en los meses de mayo o junio. Este proceso se presenta como una oportunidad clave para brindar estabilidad laboral tanto a los trabajadores del SESCAM como a los centros sanitarios en los que prestan servicio.

Se resaltó el arduo trabajo realizado para hacer realidad estos procesos, que representan una importante garantía de estabilidad laboral para numerosos trabajadores del SESCAM y para la calidad de la atención en los centros sanitarios de la región.

“Además, se destacó que el avance en la implementación del técnico coordinador TCE continúa progresando en Castilla-La Mancha. Es, sin duda, un compromiso de mejora tanto en la gestión como en la prestación de salud en la región”, manifiesta Mª José Soria, secretaria autonómica de SAE en Castilla La Mancha.

La insistencia de USAE a través del registro de varias comunicaciones de riesgos laborales para exigir a la Gerencia del Hospital Son Espases la adopción de medidas que salvaguarden la integridad y seguridad de los profesionales del centro ante los continuos episodios de robos y confrontaciones verbales que se vienen produciendo desde hace un año, han llevado a la Gerencia a adoptar una serie de medidas.
En los últimos meses, los profesionales han sido víctimas de robos en sus taquillas; una situación que se repite en los almacenes de lavandería donde también ha sido sustraída ropa de cama. El último episodio en este sentido se ha producido esta noche cuando a un compañero le han robado el coche tras acceder a los vestuarios y sustraerle la cartera y las llaves.
Las medidas establecidas por el Hospital pasan por cerrar los accesos –salvo urgencias de adulto e infantil- entre las 23 y las 6:30 horas, o el control del acceso al interior del edificio de aquellas personas que no sean pacientes, acompañantes o familiares del paciente, entre otras.  
“La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, establece que el empresario debe poner en marcha las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus profesionales, por ello, aplaudimos las actuaciones establecidas por la Gerencia, pero consideramos que a éstas se debe sumar la instalación de controles de acceso en las zonas de trabajo, vestuarios y almacenes, de manera que los profesionales cuenten con una tarjeta personal para poder entrar y evitar así que lo hagan personas ajenas a las plantillas”, explica Alejandro Juan Alonso, delegado de prevención de USAE en el Hospital Son Espases. 

La inactividad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha durante 12 años, además de ser contraria al ordenamiento jurídico, está provocando en el colectivo de Técnicos en Cuidados de Enfermería una clara discriminación y vulneración de los derechos fundamentales.

Ante esta situación, el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) ha solicitado formalmente ante el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que proponga al Consejo de Gobierno un proyecto legislativo mediante el cual revoque la suspensión del reconocimiento y nuevos pagos de Grado I, II, III y IV de la carrera profesional de los TCE y apruebe la reanudación de la carrera profesional para estos profesionales.

El agravio con los TCE castellanomanchegos no solo es respecto a sus compañeros otros servicios de salud, ya que la mayoría de las comunidades autónomas tiene reconocida la carrera profesional, los pagos y la progresión, siendo Castilla-La Mancha donde no se respeta el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Además, estos profesionales sufren la discriminación en la igualdad de trato respecto al resto de funcionarios públicos de esta Administración que sí han ido recuperando y se les ha reconocido sus complementos.

Y, probablemente la discriminación más evidente es aquella entre los propios TCE que han visto reconocidas sus carreras profesionales a través de las innumerables sentencias producidas en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo que han reconocido los efectos económicos de la carrera profesional –aunque no la progresión de grado-, con aquellos profesionales que no han acudido a la jurisdicción contenciosa.

La decisión de la suspensión de la carrera y de su pago de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Plan de Garantías de Servicios Sociales se tomó como medida extraordinaria, excepcional, transitoria y puntual ante la gravísima situación de crisis económica que atravesaba Castilla La Mancha en ese momento. Sin embargo, ya no se dan las condiciones económicas para el mantenimiento de esas medidas extraordinarias y así lo confirman los informes de la propia Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

“Por tanto, es urgente que se tomen las medidas necesarias para poner fin a este despropósito y así lo ha solicitado SAE ante el consejero de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por ser el competente para que elevar al Consejo de Gobierno la propuesta de ley que suponga la reanudación de la carrera profesional de los TCE” manifiesta la Secretaria Autonómica de SAE en Castilla La Mancha Mª José Soria.

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se suma al Día Nacional del Trasplante con un cartel que quiere animar a los ciudadanos a hacerse donantes, un gesto altruista que ayuda a salvar vidas. 
    Según la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en 2023 se realizaron 5.861 trasplantes, una cifra excelente que se alcanzó gracias a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer y a las 435 que en vida donaron un riñón (433) o parte de su hígado (2). 
    Estamos en cifras históricas -48,9 donantes fallecidos p.m.p.-, que rozan el Plan Estratégico de llegar a 50 donantes p.m.p. marcado por la ONT en su Plan Estratégico “50x22”. Estos resultados nos alejan del resto de países del mundo –según el Observatorio Global de Donación y Trasplantes, Estados Unidos, por ejemplo, registró, en 2022, 44,5 donantes p.m.p.- y mantienen nuestro liderazgo.
“Somos un ejemplo de solidaridad, por ello, desde SAE queremos poner en valor el programa nacional, del que son parte fundamental todas aquellas personas que de manera altruista donan sus órganos, pero también todos los profesionales, entre los que se encuentran los Técnicos Sanitarios, que forman parte de los diferentes procesos que conforman la donación y el trasplante, y lo hacen de manera coordinada para que el resultado final sea el deseado: salvar la vida de un paciente. No obstante, el esfuerzo de todos debe ser mayor, pues la lista de espera para un trasplante continúa moviéndose en cifras más elevadas de lo que nos gustaría. Por ello desde SAE queremos aprovechar este día para remarcar que hacerse donante es un acto de bondad del que todos deberíamos participar”, concluye Daniel Torres, secretario de Acción Social de SAE.
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 14.1 recoge que “los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio”.

“Lamentablemente con la muerte de esta compañera se han puesto sobre la mesa los fallos que tienen los protocolos de seguridad en las prisiones catalanas. Por ello, queremos subrayar que los profesionales Técnicos Sanitarios que realizan su trabajo en prisiones mantienen un contacto estrecho y cercano con los usuarios, lo que les expone a riesgos evidentes, que, cumpliendo la legislación vigente, se deben minimizar adoptando todas las medidas necesarias, como un incremento de funcionarios que garanticen la seguridad de los profesionales sanitarios durante la atención a los presos”, explica Cristian Monclús, secretario autonómico de SAE en Catalunya.